Ambiente Sano, Contaminación Ambiental, Defensoría del Pueblo, Derecho al agua, Infraestructura, Justicia ambiental, Medio ambiente sano, Políticas de Prevención, Policía y Justicia Ambiental, Seguridad Humana, Tránsito y transporte

Declaración del IV Seminario Internacional

POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOSAUNAMBIENTESANOENLASMETRÓPOLIS


DECLARACIÓN DEL IV SEMINARIO INTERNACIONAL:

EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO EN LAS METRÓPOLIS

Reunidos con motivo del “IV Seminario internacional: El derecho a un ambiente sano en las metrópolis” que ha tenido lugar el 24 y 25 de septiembre de 2012, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la ciudad de México, las defensorías y organismos públicos de derechos humanos participantes, así como las expertas y expertos independientes, las académicas y académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil participantes:

Consideran que a pesar de que las metrópolis tienen dinámicas de expansión geográfica  y poblacional complejas, ello no debe obstaculizar el goce efectivo del derecho a un nivel de vida adecuado;

Recuerdan que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales señala en su preámbulo que no puede realizarse el ideal de ser humano libre, liberado del temor y la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

Reafirmanla universalidad, indivisibilidad, progresividad, interdependencia e interrelación de todos los derechos y libertades fundamentales; así como la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como parte de las obligaciones y garantías que los Estados deben asegurar para el goce y ejercicio de todos los derechos de todas las personas;

Sostienen que es menester de todos los órganos del Estado la eliminación de cualquier obstáculo legal o institucional que dificulte el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que es su responsabilidad tomar todas las medidas económicas y técnicas para lograr progresivamente el goce y ejercicio de éstos.

Reconocen que el agua es un derecho humano que constituye un elemento fundamental en la vida de todas las personas y que debe ser suficiente y continuo, saludable, accesible y material y económicamente asequible para todas las personas;

Afirman que el derecho a la movilidad es condición esencial para ejercer otros derechos como la vivienda, la educación, la cultura, el ocio y el trabajo, así como parte sustancial del derecho a la ciudad, por lo que el desarrollo de este derecho debe partir de políticas públicas equitativas, sustentables, incluyentes y eficientes.

Tienen en cuenta que la generación, disposición y tratamiento de los residuos sólidos y peligrosos plantean a las metrópolis importantes retos para reducir su producción y establecer sistemas de manejo, recolección y reciclaje eficientes, participativos y sustentables.

Asumen que el desarrollo de la infraestructura urbana debe ser armónico con los derechos ambientales y la sustentabilidad de las ciudades, así como con el derecho a la consulta de las personas.

Reconocen que el desarrollo de las ciudades trae también asociado el fenómeno de la contaminación acústica como componente que afecta el ambiente que, como tal, genera un deterioro de la calidad de vida de las personas y afecta el derecho a la salud, el descanso y la privacidad del hogar.

Coinciden en que es indispensable el involucramiento de las defensorías y organismos públicos de derechos humanos y el acompañamiento de iniciativas de la sociedad civil a fin de garantizar la protección efectiva y el pleno ejercicio de los derechos asociados a un ambiente sano, y

Consideran que este tipo de foros, son espacios para el intercambio de experiencias, el enriquecimiento mutuo y el fortalecimiento de las capacidades y vínculos para dar respuesta a los problemas ambientales desde una visión multidisciplinaria.

México, Distrito Federal, 25 de septiembre de 2012

 Ana Lucía Hartmann

Procuraduría de la República en Santa Catarina, Brasil

Fernando W. Rodríguez Herrera

Defensoría del Vecino de Montevideo, Uruguay

Jorge Andrés López Espinoza

Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí

Juan Alarcón Hernandez

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Luis Gerardo Fallas

Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica

Luis González Placencia

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Miguel Nava Alvarado

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Querétaro

Pablo Rojas Durán

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León

Raúl Arroyo

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo

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